Un año después del secuestro de las cooperantes catalanas Montserrat Serra y Blanca Thiebaut en Kenia el Ministerio de Asuntos Exteriores y Médicos sin Fronteras (MSF) prosiguen con extrema cautela y discreción las gestiones para conseguir liberarlas del cautiverio. Blanca y Montserrat fueron secuestradas el 13 de octubre del año pasado en el campamento de refugiados de Ifo, en Dadaab (Kenia), a unos 100 kilómetros de la frontera con Somalia, cuando viajaban en un vehículo que fue asaltado a tiros por un grupo armado.
Ambas se encuentran retenidas desde entonces en contra de su voluntad en Somalia, según Médicos sin Fronteras, que ha reiterado en un comunicado hecho público en su web su "indignación y pesar" por este "acto de violencia" y ha renovado la demanda de liberación inmediata de sus dos compañeras. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, ha confirmado esta semana a Efe que continúan las acciones para liberarlas, pero ha insistido en la necesidad de mantener la prudencia del último año ante esta situación que espera se resuelva pronto y sobre la que "no hay novedades".
La misma prudencia que han vuelto a solicitar las familias de Blanca Thiebaut y Montserrat Serra, a través de Médicos sin Fronteras, a los medios de comunicación y a las instituciones locales, nacionales e internacionales. Las familias han expresado su inquietud y su dolor por el secuestro y han manifestado su voluntad de hacer todo lo posible para lograr su liberación, al tiempo que han agradecido la cautela y discreción con la que se ha tratado este tema durante todo este año.
Silencio del Gobierno, familias y ONG
Y es que en estos 365 días son escasas las informaciones públicas conocidas sobre las dos cooperantes y ninguna organización ha reconocido públicamente la acción, aunque las primeras sospechas apuntaron al grupo islamista radical Al Shabab, que opera en la zona y está vinculado a la red terrorista Al Qaeda. El pasado 15 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró en Argelia que el Gobierno había recibido "una prueba de vida" de las cooperantes.
Tras esas declaraciones, tanto el ministerio como los familiares y la ONG permanecen en silencio para no perjudicar las gestiones que se desarrollan en esta complicada zona del África subsahariana. A pesar de los avances en el terreno político, con la elección, el pasado 10 de septiembre, de un nuevo presidente y con el nombramiento de un primer ministro del pasado día 6, Somalia se encuentra aún en una delicada situación humanitaria e inmersa en un conflicto armado.
En él, las tropas multinacionales de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), el Ejército somalí, las Fuerzas Armadas etíopes y milicias pro-gubernamentales aliadas, combaten a Al Shabab, que trata de instaurar un Estado musulmán en el país africano. Aunque las tropas aliadas arrebataron hace dos semanas a Al Shabab su mayor bastión, la ciudad costera sureña de Kismayo, los fundamentalistas todavía controlan buena parte del centro y del sur del país,donde el frágil Ejecutivo somalí no está aún en condiciones de imponer su autoridad.
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